Decenas de ONG han mostrado su rechazo al acuerdo sobre el pacto de migración y asilo que acaba de alcanzar la Unión Europea (UE), y advierten de que socavará el derecho al asilo, fomentará la detención de los migrantes y les expondrá a mayores abusos.
Médicos sin Fronteras, Caritas Europa, Save the Children y Oxfam UE, entre otras, criticaron el pacto alcanzado este miércoles, que está destinado a acelerar el procesamiento de solicitudes de asilo e impulsar los retornos de quienes supuestamente no tengan derecho a permanecer en territorio europeo.
Ese acuerdo «no resuelve los problemas» de migración de la UE sino que, en realidad, «limita el acceso al asilo y los derechos de quienes buscan protección», advirtió en un comunicado Caritas Europa, coordinadora de la red de las 49 asociaciones europeas de Caritas.
«Basándonos en la experiencia de los puntos críticos de Italia y Grecia, es probable que en los países fronterizos sometidos a tensiones se generalice la detención y se apliquen normas de acogida deficientes, incluso para los niños y personas con necesidades específicas», afirmó la secretaria general de Caritas Europa, Maria Nyman.
A su juicio, el nuevo mecanismo de solidaridad de la Unión Europea «a la carta» no soluciona la «creciente responsabilidad» que recaerá en los Estados fronterizos europeos y traslada las obligaciones a terceros países, «exponiendo a los migrantes a violaciones de derechos humanos«.
El sistema de cuotas obligatorias de refugiados fue descartado tras el fracaso de la primera propuesta, por lo que el nuevo pacto incluye un sistema que permite a los Veintisiete acoger voluntariamente a refugiados o bien participar de otra manera en los esfuerzos, por ejemplo financiando la construcción de centros de acogida.
Por su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF) añadió que el pacto «no es una solución a la ‘crisis migratoria’ de Europa», sino «simplemente la continuación e intensificación de las políticas de contención y disuasión, con el rechazo arbitrario en las fronteras y las expulsiones como núcleo».
En un comunicado, Raquel González, coordinadora de la ONG, recordó que «el derecho a solicitar asilo, nacido de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, se erige como piedra angular de las leyes y los valores europeos».
A su juicio, «en lugar de garantizar a las personas que buscan seguridad en Europa unas condiciones de acogida dignas, el pacto no hace sino institucionalizar la detención de facto y socavar el derecho de las personas a solicitar asilo«.
La organización critica también que el pacto «tampoco hace nada para evitar que las personas mueran en el Mediterráneo Central» y en su lugar «los dirigentes de la UE tienen libertad para desentenderse de su obligación de rescatar y continuar con la obstaculización y la criminalización de las actividades de búsqueda y rescate de la sociedad civil».
Además, MSF subraya que aunque «la UE vende» el acuerdo «como una solución», este «no detendrá la violencia mediante la externalización de la gestión de fronteras en países inseguros» ni «pondrá fin a las devoluciones en las fronteras ni a la detención de personas en condiciones similares a las de las prisiones».
Tampoco «abordará las condiciones de acogida seguras y dignas ni el espacio para solicitar asilo, ni salvaguardará el derecho a una asistencia humanitaria independiente que salve vidas», opinó González.
Desde Oxfam UE, la experta en migración Stephanie Pope consideró que lo acordado es, «en muchos sentidos, mucho peor» y afirmó que la UE «ha perdido la oportunidad» al tiempo que califica el paquete legislativo como «un peligroso desmantelamiento de los principios clave de los derechos humanos y las leyes sobre refugiados».
La Plataforma de Inmigrantes Indocumentados (PICUM) también tildó la reforma de fracaso y se unió a las asociaciones de derechos humanos que han tratado estos últimos días de desgranar los puntos hasta ahora conocidos de la reforma europea para pedir un cambio a los líderes comunitarios.
«Las personas no tendrán ninguna representación legal efectiva mientras se someten a procedimientos en las fronteras. Las personas que recurran su orden de expulsión pueden ser deportadas mientras esperan una decisión sobre su caso», compartió PICUM en la red social X.
Mientras, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) declaró también en X que «el acuerdo es «histórico por socavar el derecho de asilo y los derechos humanos en la UE» y añadió que los «valores de Europa se hunden aún más» en el «mismo mar donde pierden la vida miles de personas buscando refugio«.
Mientras, el director de Save the Children en España, Andrés Conde, pronosticó que el pacto va a suponer «un retroceso grande en el cumplimiento de los derechos de la infancia migrante y refugiada».
En primer lugar, les preocupa que este nuevo pacto vaya a facilitar la retención de niños en frontera y su permanencia en instalaciones policiales durante «un tiempo completamente inconveniente para su salud mental, su salud física y la continuidad de su proceso educativo».
«En ningún caso estar en situación de detención es del interés superior de los niños; ningún niño debe ser detenido«, aseveró Conde.
Advirtió además de las «dificultades» que introduce este nuevo acuerdo en relación a la reunificación familiar, ya que no contempla que un menor pueda reunirse con su familia si ésta no son sus padres directos, sino sus hermanos, lo que introduce «mayor desprotección sobre la infancia».
Asimismo, Conde lamentó que el pacto no introduzca mecanismos obligatorios de solidaridad entre los Estados miembros, fórmula que consideró «la más adecuada» porque va a seguir siendo la frontera sur de Europa «la que va a soportar la carga de la gestión» de las personas migrantes que llegan a suelo europeo.
Durante los días que precedieron el acuerdo, más de 50 ONG remitieron una carta abierta a los negociadores de España (que preside el Consejo de la UE hasta final de año), la Eurocámara y la Comisión Europea alertando sobre el peligro que corren los derechos humanos en el nuevo pacto de migración, en la que participaron asociaciones como Amnistía Internacional, la red de monitoreo en las fronteras (BVMN, por sus siglas en inglés) o Balkanbrücke.
EuroEFE
