Las maniobras de los últimos días por parte del grupo parlamentario socialista, retrasando una vez más, la aprobación por la vía de urgencia de la llamada «Ley Trans», han desembocado en la renuncia a la militancia en el PSOE de Carla Antonelli, histórica activista por los derechos de las personas trans y militante socialista desde hace décadas.
Lo más triste de esto, es corroborar que la inmensa campaña de odio, mentiras y noticias falsas que ha desatado desde hace dos años un feminismo reaccionario está teniendo sus efectos.
Este grupúsculo, poco numeroso, pero con mucha influencia, ya estuvo en contra de las mujeres negras en su tiempo, cuando no nos abrazamos a sus normas unificadoras de lo que debe ser una mujer y nos negamos a secundar la huelga feminista por no sentirnos representadas. Nunca nos lo perdonaron.
Hoy es imperativo combatir las mentiras que se están vertiendo desde la redes y algunos medios de comunicación sobre la ley que da derechos a un colectivo, que como las mujeres negras, ha estado históricamente marginado. Nos sentimos hermanadas con su lucha.
Afirmamos que no apoyar esta ley es una acto criminal, que pretende mantener a un colectivo sumido en la marginación. Que no apoyar esta norma es aliarse con la extrema derecha y las fuerzas más oscuras de este estado.
Solo hay que mirar quién está en contra de la norma y comprobareis que son las personas, colectivos y partidos que nos odian, también a nosotras.
Contra la mentira información. Compartimos los principales puntos de esta ley, para que se conozca entre la comunidad que nos sigue. No más mentiras:
Autodeterminación de género
Ya no se necesitarán informes o pruebas para que una persona haga un cambio registral oficial de su identidad de género. Según el borrador esto se podrá hacer «a través de un sistema de doble comparecencia, sin tutelas médicas ni judiciales».
A partir de los 16 años, la persona es libre de autodeterminarse; entre los 14 y 16 años, requiere el consentimiento de los padres y de los 12 a los 14 años, debe ser un juez el que lo determine siempre que tenga el consentimiento de sus padres; en casos de los menores de 12 o aquellas personas «con capacidad de obrar modificada judicialmente» deberán ser solo a través de sus representantes. En caso de que éstos últimos no se pongan de acuerdo, será el menor quien decida su representante o bien por mediación judicial.
El proceso administrativo durará un máximo de cuatro meses. Primero, rellenarán un formulario en el Registro Civil donde se indica la disconformidad con el sexo asignado al nacer, solicitar el cambio de género y el nuevo nombre que elijan, si quieren modificar el suyo. A los tres meses deberán volver al Registro para ratificar su decisión y en un mes se dictará la resolución.
El nuevo procedimiento acorta y facilita el proceso obligatorio hasta ahora, según el cual una persona que quisiera cambiar de sexo debía recibir un diagnóstico médico o psicológico que acreditase su disforia de género (antes conocido como Trastorno de la Identidad de Género). Además, antes, esta persona debía haber recibido un tratamiento de hormonas de al menos dos años. Todo esto se elimina.
La ley también garantizará los derechos de las personas extranjeras para cambiar documentos expedidos en España si es que en su país no pueden hacerlo.
El borrador habla de irretroactividad de la rectificación del sexo y significa que el cambio de sexo en el registro no alterará las causas jurídicas abiertas. Es decir, si un hombre agrede a su pareja mujer y se abre un procedimiento judicial en su contra, este procedimiento de violencia de género considerará hombre al agresor hasta el final del mismo, aunque «el agresor» haya obtenido la rectificación del sexo registralmente durante dicho procedimiento o incluso antes de que comience.
Despatologización de las personas trans
Con este punto, legalmente se garantizaría que nunca más en España se le considere enferma a una persona trans.
Nunca se volverá a pedir un diagnóstico médico para el cambio oficial de la identidad de género.
Prohibición de las terapias de conversión
La ley prohíbe las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinadas a modificar la orientación o la identidad sexual o la expresión de género de las personas.
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Maternidad y filiación
El nuevo texto legal garantiza a lesbianas, bisexuales y a las personas trans con capacidad de gestar el acceso a técnicas de reproducción en el Sistema Nacional de Salud. Además, se modifica el Código Civil para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas.
Sensibilización y formación en el ámbito educativo
Las estrategias para la igualdad de trato deberán prestar atención a la violencia LGTBI-fóbica y a la violencia entre parejas del mismo sexo. Se prevé la inclusión en el currículo básico del conocimiento y respeto a la diversidad sexual, de género y familiar como un objetivo en todas las etapas educativas, así como formación en la materia para todo el profesorado. Se promoverán programas de educación sexual y reproductiva y de prevención de infecciones de transmisión sexual, con especial consideración al VIH.
Derechos de las personas intersexuales
Se legislan por primera vez derechos para las personas intersexuales, aquellas que nacen con una anatomía reproductiva o sexual que muestra, en grados variables, caracteres sexuales de ambos sexos. Son las personas que antes se conocía como hermafroditas. No deberán sufrir mutilaciones ni cirugías si no es por motivos de salud y no tendrán que ser inscritas con un sexo determinado durante el primer año de vida.
Educación en diversidad e inserción sociolaboral de las personas trans
El Gobierno, previa consulta con las comunidades autónomas, incluirá “contenidos relativos al tratamiento de la diversidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI” en los temarios de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes. Las Administraciones, además, fomentarán la introducción de referentes positivos LGTBI en los materiales escolares. Se promoverán programas de educación sexual y reproductiva y de prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Reconocimiento y tratamiento en cárceles
Las personas trans en estado de privación de libertad también tendrán derecho a que se les trate según su sexo registral, aunque podrán pedir ser separadas de ese grupo si temen que su seguridad o intimidad esté en riesgo.
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