Cada 17 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales. Esta fecha tiene sus orígenes en los crímenes perpetrados por el «Asesino de Green River» en Seattle, quien entre las décadas de 1980 y 1990 asesinó a más de 49 mujeres trabajadoras sexuales. La brutalidad de estos actos y la indiferencia social hacia las víctimas generaron la necesidad de crear un día para recordar, exigir justicia y luchar contra la violencia sistémica que afecta a este colectivo.
No obstante, el alcance de esta violencia no se restringe a un sitio o a un intervalo de tiempo determinado. La vida cotidiana de las trabajadoras sexuales a nivel global se caracteriza por agresiones físicas, violencia institucional, discriminación y exclusión social. Hoy en Afroféminas queremos examinar la condiciones en que ejercen las trabajadores sexuales en España y América Latina, proporcionando una visión global sobre las distintas de violencia que sufren y pensando en que podemos hacer para mejorar sus vidas.
La vulnerabilidad y el limbo legal es la carácterística que define la situación en España
En España, la prostitución se encuentra en un estado de alegalidad: no está regulada ni prohibida, lo que deja a las trabajadoras sexuales en una situación de desprotección. Según un macroestudio realizado por el Ministerio de Igualdad en septiembre de 2024, se estima que al menos 114.576 mujeres ejercen la prostitución en el país. De este grupo, el 51% son de origen latinoamericano, siendo Colombia el principal país de procedencia, representando el 28% del total. Además, se calcula que el 80% de estas mujeres podrían estar en riesgo de ser víctimas de trata o explotación sexual.
Las trabajadoras sexuales en España enfrentan violencia física, abusos sexuales, extorsión y discriminación por parte de clientes, proxenetas y también de las fuerzas de seguridad. A esto se suma la falta de protección legal, que dificulta denunciar las agresiones sin temor a represalias o estigmatización. La alegalidad también perpetúa un ciclo de marginación, ya que muchas mujeres no pueden acceder a derechos básicos como la atención sanitaria o la seguridad laboral.
La campaña «No estás sola» del Ministerio de Igualdad ha sido una de las iniciativas recientes para abordar esta problemática, pero su efectividad ha sido muy limitada debido a la falta de regulaciones claras y también a un prejuicio de partida de quien maneja hoy el ministerio, que ve la prohibición como única solución. Las organizaciones sociales y organizaciones de trabajadoras sexuales, han criticado la ausencia de un marco legal que permita a las trabajadoras sexuales operar con dignidad y seguridad.
Latinoamérica marcada por la violencia estructural
En Latinoamérica, la violencia contra las trabajadoras sexuales está profundamente enraizada en las desigualdades sociales, la discriminación de género y las redes de explotación sexual. América Latina es una región de origen, tránsito y destino para la trata de personas, y las trabajadoras sexuales suelen ser blanco de violencia por parte de clientes, proxenetas y autoridades.
Según un informe de Amnistía Internacional, las trabajadoras sexuales en la región enfrentan tortura y violencia de género a manos de las autoridades, incluyendo discriminación, acoso, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y violaciones sexuales. Esta violencia institucional perpetúa un ciclo de vulnerabilidad que dificulta su acceso a justicia y protección.
En países como México, Colombia y Brasil, las trabajadoras sexuales también enfrentan altos índices de feminicidios. La Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe (RedTraSex) reporta que en 2023 se registraron más de 230 asesinatos de trabajadoras sexuales en la región, siendo el 90% de ellos casos impunes.
Latinoamérica también es una de las principales regiones de origen para la trata de personas con fines de explotación sexual. Las redes de trata captan a mujeres en situaciones de vulnerabilidad y las trasladan a otros países, incluyendo España, para ser explotadas. Un informe de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) indica que el 71% de las víctimas de trata en la región son mujeres y niñas, de las cuales el 49% son explotadas sexualmente.
El impacto de la estigmatización y la discriminación
Uno de los mayores impedimentos para eliminar la violencia contra las trabajadoras sexuales es el estigma. La prostitución es frecuentemente vinculada por la sociedad a ideas perjudiciales como el crimen, la adicción a las drogas o la promiscuidad, deshumanizando a quienes la practican y legitimando la violencia hacia ellas.
En numerosos casos, esta discriminación también se manifiesta en la exclusión de servicios fundamentales. Por ejemplo, en países como Perú y Honduras, las trabajadoras del sexo enfrentan restricciones en el acceso a servicios de salud, particularmente en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Esto incrementa su susceptibilidad a infecciones de transmisión sexual y dificulta la identificación temprana de problemas de salud.
Políticas públicas y derechos humanos
La implementación de políticas públicas que salvaguarden los derechos de las trabajadoras sexuales es esencial para disminuir la violencia que sufren. Ciertos países, como Nueva Zelanda y Alemania, han implementado modelos normativos que consideran el trabajo sexual como una profesión legítima, brindando a las trabajadoras acceso a servicios sociales, salud y derechos laborales.
En oposición, naciones como Suecia y Noruega han adoptado el modelo abolicionista, que castiga a los clientes pero no a las trabajadoras sexuales. Si bien esta estrategia intenta disminuir la demanda de prostitución, también incrementa exponencialmente la clandestinidad y la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales.
Organizaciones y activismo
Las organizaciones lideradas por trabajadoras sexuales han desempeñado un papel crucial en la lucha por sus derechos. En Latinoamérica, la RedTraSex ha impulsado campañas para visibilizar la violencia institucional y exigir políticas públicas inclusivas. En España, colectivos como Hetaira y el Colectivo de Prostitutas de Sevilla y AFREMTAS han abogado por el reconocimiento del trabajo sexual como una profesión y por la despenalización del sector.
El Día Internacional para Erradicar la Violencia hacia las Trabajadoras Sexuales es indispensable reconocer a las trabajadoras sexuales como personas plenas de derechos, con el mismo valor y dignidad que cualquier otro miembro de la sociedad, y garantizarles entornos seguros para vivir y trabajar.
Para combatir esta violencia, necesitamos un enfoque integral que abarque educación, políticas públicas inclusivas y mecanismos legales efectivos y fortalecer las redes comunitarias de apoyo y promover un cambio cultural profundo que erradique el estigma y valore la diversidad, respetando los derechos humanos sin excepciones ni prejuicios.
Este 17 de diciembre, reflexionemos sobre nuestra responsabilidad como sociedad y actuemos con firmeza para construir un futuro donde ninguna trabajadora sexual tenga que temer por su vida, su integridad o su dignidad.
Redacción Afroféminas
