La reciente condena de Pedro Varela, ex dueño de la Librería Europa, por un delito de negación, trivialización grave o enaltecimiento de crímenes contra la humanidad, nos parece una respuesta judicial insuficiente frente a la gravedad de los hechos. Aunque se le ha impuesto una pena de un año y medio de prisión y una multa de siete meses a razón de 15 euros diarios, estas medidas resultan inadecuadas en comparación con el daño causado durante más de una década de difusión de ideologías basadas en el odio y la discriminación.
Consideramos que el hecho de que Varela haya promovido, entre abril de 2006 y 2016, materiales que fomentan el odio racial y la animadversión hacia los judíos a través de su librería, su sitio web y conferencias públicas, debería haber sido castigado con mayor severidad. Según la sentencia, Varela difundió de forma indiscriminada libros editados a través de su editorial, ‘Ediciones Ojeda’, en los cuales no solo defendía la figura de Adolf Hitler y el régimen nazi, sino que además negaba, ridiculizaba y banalizaba los crímenes cometidos por dicho régimen. Nos parece que un año y medio de prisión y la inhabilitación profesional durante tres años para desempeñar profesiones u oficios en ámbitos educativos, deportivos y de tiempo libre, así como para ejercer en el sector editorial, no son suficientes para alguien identificado por el tribunal como el responsable de una estructura comercial dedicada a normalizar y difundir ideologías supremacistas y neonazis.
Nos resulta especialmente preocupante que Varela haya sido absuelto de otros delitos, incluido el de asociación ilícita, por los que la Fiscalía solicitaba una pena de 12 años de prisión. La absolución de este delito, que se centraba en su presunta participación en una organización de ideología nacionalsocialista, el Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade), fundado en 1967 en Barcelona, deja un vacío en la justicia y plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema judicial para abordar crímenes de esta envergadura. Además, la absolución de los otros cuatro acusados —dos empleadas de la librería y dos personas que tenían poderes notariales conferidos por Varela para gestionar el negocio durante su encarcelamiento entre 2010 y 2012—, parece reflejar una falta de pruebas o, quizás, de voluntad para perseguir de manera exhaustiva todas las conductas ilícitas relacionadas con este caso. Según la sentencia, no se pudo acreditar que las empleadas actuaran con motivos discriminatorios en su actividad laboral, ni que las personas con poderes notariales estuvieran al tanto de las actividades ilícitas de Varela, lo que, en nuestra opinión, resulta en una resolución insatisfactoria.
Aunque el decomiso de material relacionado con la difusión de estos textos —incluyendo dispositivos electrónicos y una considerable cantidad de libros— es un paso positivo, consideramos que no es suficiente para contrarrestar el impacto de años de propagación de mensajes de odio. La justicia no solo debe castigar, sino también disuadir a otros de cometer actos similares en el futuro. En este caso, la moderación de la condena y la absolución de otros delitos debilitan, a nuestro entender, la fuerza de la respuesta judicial.
En nuestra opinión, el caso de Pedro Varela debería haber sido un ejemplo de la firmeza de la justicia en la lucha contra el discurso de odio y la apología de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, lo que observamos es una sentencia que, aunque simbólicamente importante, carece de la dureza necesaria para prevenir futuros comportamientos similares. La absolución de otros delitos y la relativa levedad de las penas impuestas dejan la sensación de que la justicia no ha estado a la altura de las circunstancias en este caso. En un contexto donde las ideologías extremistas y la apología de crímenes atroces siguen siendo una amenaza real, creemos que la justicia debe ser más rigurosa y no permitir que quienes promueven el odio racial y la violencia queden impunes o reciban sanciones tan leves.
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