Tal y como habían previsto en su primera campaña electoral, Vox propone la implantación del pin parental en todos los centros educativos de la comunidad de Madrid y Murcia. Esta herramienta otorga a los padres la potestad de autorizar o no la participación de sus hijos en las actividades complementarias organizadas por el Consejo Escolar. Dicha medida ha dividido a la opinión pública en dos bandos: quienes la critican por atentar contra los derechos de los menores y quienes defienden la facultad de los padres a decidir sobre los valores morales e ideológicos que reciben sus hijos.
Bajo el nombre pin parental, la extrema derecha ha impulsado una nueva herramienta para que los padres decidan sobre la enseñanza que reciben sus hijos. En palabras de los promotores, esta tiene como fin último “evitar el adoctrinamiento en valores morales dudosos, no compartidos o producto de modas ideológicas”. Dicha medida exige a los centros escolares a informar de «cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad» y a solicitar la autorización previa y expresa de los tutores legales. Con ello pretenden limitar la capacidad de los jóvenes a decidir libremente sobre su desarrollo personal, moral e ideológico.
Las charlas o talleres sobre identidad sexual y de género, feminismo o diversidad son algunas de las actividades complementarias que se ofrecen los centros educativos para impulsar el crecimiento individual de los alumnos. Como su propio nombre indica, estas complementan los contenidos que se imparten en las materias troncales -lengua, matemáticas, historia, etc- y que conforman el expediente del alumno. Al contrario que las actividades extraescolares -en las cuales no opera dicho pin parental– las complementarias no son optativas y se imparten en horario escolar. Cabe destacar que estas son aprobadas anualmente por el Consejo Escolar en representación de padres, alumnos y profesores.
La posición del Gobierno
La implantación del pin parental fue uno de los requisitos impuestos por Vox a cambio de su apoyo en la aprobación de los presupuestos anuales de Murcia y Madrid. Los votos de este partido eran imprescindibles para obtener la mayoría absoluta necesaria. En un principio el PP y Ciudadanos se mostraron contrarios a esta medida, no obstante acabaron cediendo ante las presiones de la extrema derecha. Ahora el partido de Santiago Abascal pretende extender su aplicación a Andalucía, advirtiendo que no apoyará ninguna iniciativa del Gobierno a no ser que se implante «de una forma suficiente y satisfactoria» en el territorio.
Esta medida fue aprobada en la Región de Murcia en septiembre, al inicio del año escolar. En el momento de su puesta en marcha Javier Imbroda, el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, declaró que no era necesario bajo ningún concepto. “Se trata de una vulneración del derecho de los alumnos a recibir una educación integral en el respeto a las libertades fundamentales”, argumentó la ministra de Educación, Isabel Celáa. Por su parte, el colectivo LGTB ha solicitado la protección de las actividades sobre educación afectivo-sexual argumentando su importancia para los jóvenes.
¿Cómo de legal es el Pin parental?
El artículo 27 de la Constitución establece que «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». En el caso de esta medida estamos hablando de un mecanismo de censura sobre los contenidos que reciben los menores, y por lo tanto, no sería lícito que el deseo de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales se antepusiera a este principio constitucional.
Los padres disfrutan de la “patria potestad” de sus hijos, una facultad que no es ni mucho menos ilimitada. El Estado, a través del sistema educativo y en representación de la comunidad social, debe garantizar que los valores que reciben los menores sean compatibles con los principios humanitarios, solidarios y tolerantes que defiende e impone la Constitución. Por ello, los docentes y directores disponen de “autonomía pedagógica” y de la plena competencia para diseñar las actividades complementarias que crean oportunas con el fin de cumplir con la normativa curricular correspondiente.
Como sociedad debemos garantizar la trasmisión de ciertos valores universales y fundamentales que garanticen la convivencia en igualdad, justicia, honestidad y respeto. Se trata de una labor conjunta, donde las familias no pueden ser las únicas transmisoras de valores. Con el objetivo de no perpetuar valores negativos, los menores deben recibir aportaciones y puntos de vista distintos que le enriquezcan en su desarrollo individual dentro de un conjunto.
Por otro lado, el artículo 1 de la Ley de Educación estipula que los centros educativos deben promover “valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género». Queda claro que si se aplicara dicho pin parental el acceso a conocimientos de esta índole se vería afectado y limitado para muchos alumnos, atentando contra los preceptos de la Ley de Violencia de Género.
Si los padres encauzan a sus hijos a la comisión de un delito, el estado debe intervenir para proteger al menor. Del mismo modo debe hacerlo si a estos se los inculca en valores machistas, racistas, homófobos o contrarios a cualquier ámbito de respeto. Con la aplicación de esta medida no pierden los profesores, pierden los alumnos y por consiguiente perdemos todos. Recordemos que el debate que está sobre la mesa es sobre la libertad en las aulas o la censura del pin parental.
Judit Martín
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