Las autoridades israelíes, así como los líderes del grupo islamista palestino Hamás, se mostraron este lunes indignados por la petición del fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de solicitar órdenes de arresto contra los principales responsables de la guerra en Gaza, a quienes acusa de crímenes de guerra y lesa humanidad.
“El anuncio del fiscal de la CPI es más que escandaloso y muestra hasta qué punto el sistema judicial internacional está en peligro de colapsar”, dijo en un mensaje el presidente de Israel, Isaac Herzog.
Hamás, por su parte, acusó a Khan de “comparar a la víctima con el verdugo” al buscar órdenes de arresto contra los líderes de la formación islamista Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh y Mohamed Deif, junto con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant.
La decisión del fiscal, rumoreada durante semanas, se produce cuando los muertos en la Franja de Gaza superan ya los 35.500 y el Ejército israelí recrudece su ofensiva en el norte del enclave tras más de siete meses de guerra.
La solicitud de Khan
En su solicitud, el fiscal solicita autorización a los jueces para emitir ordenes de arresto contra Yahya Sinwar, jefe del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Gaza; Mohammed Diab Ibrahim al Masri, conocido como Deif y comandante en jefe del ala militar de Hamás (las Brigadas Al Qasam); así como Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política del grupo palestino y autoexiliado en Catar.
Khan los considera “penalmente” responsables de “crímenes de guerra y lesa humanidad” cometidos en territorio de Israel y el Estado de Palestina desde al menos el 7 de octubre de 2023, lo que incluye “el asesinato de cientos de civiles israelíes” en ataques perpetrados por Hamás y otros grupos armados, así como “la toma de al menos 245 rehenes”.
Asimismo, el fiscal pide órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos “en el territorio del Estado de Palestina (Franja de Gaza) desde al menos el 8 de octubre de 2023”, es decir, el día después del ataque de Hamás y fecha del inicio de la actual guerra israelí en Gaza.
Entre los crímenes de los que responsabiliza a ambos funcionarios israelíes está el uso del hambre como “método de guerra” contra los civiles y el “asesinato intencionado”.
Una cuestión de jurisdicción
Israel no es miembro de la CPI por lo que no estaría obligada a acatar una potencial orden de detención del órgano, con sede en La Haya (Países Bajos).
Sin embargo, todos los países de la Unión Europea (UE) han ratificado el Estatuto de Roma, por lo que técnicamente tendrían que extraditar al mandatario israelí si cruza sus fronteras.
“Se supone que Bibi (Netanyahu) y Yoav Gallant no podrán viajar al menos a los países miembros de la CPI, lo que podría dañar la cooperación de seguridad en muchos frentes. Pero tampoco sabemos si los países europeos van a cooperar (con la CPI)”, dijo hoy en un evento con la prensa la abogada Anne Herzberg, asesora legal de NGO Monitor, un grupo que supervisa las labores de organismos humanitarios en Israel.
Herzberg se mostró indignada por la decisión del fiscal general del órgano, a quien acusó de estar motivado políticamente, y calificó la noticia de una victoria para Hamás, para Irán, y para los grupos terroristas de todo el mundo.
También puso en duda que la CPI tenga jurisdicción para actuar contra israelíes, ya que el país no es miembro del órgano, al igual que Estados Unidos.
En contraposición a sus críticas, el grupo israelí B’Tselem, que trabaja para combatir los abusos de las autoridades israelíes en los territorios palestinos ocupados, calificó la decisión de Khan de el final de “la era de la impunidad para los líderes israelíes”.
“En vistas a la escalada de la violencia, es nuestro deber dejar claro: el régimen israelí que controla el territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo no puede, y no quiere, investigar sus propios crímenes contra los palestinos”, aseguró la organización en un comunicado. EFE
