El pasado 13 de abril, Juana Ruiz Sánchez ciudadana española y trabajadora de la ONG palestina Health Work Committeess (HWC) fue detenida por ejército israelí en su vivienda de la localidad de Beit Sahour, al sur de Belén. Aunque por ahora no se han presentado cargos formales contra ella –más allá de acusaciones sobre su presunta implicación en un plan de lavado de dinero para financiar el Frente Popular para la Liberación Palestina (FPLP)–, continuará retenida hasta este domingo, cuando se celebrará su quinta vista.
En 1984, Juana se trasladó a Palestina, donde fue testigo directo de todo lo ocurrido durante la Primera Intifada (1987-1943). Siete años después, en 1991, se mudó a Cisjordania, donde ha residido hasta la actualidad con su marido, Elías Rismawi. Sus dos hijos están en España. Desde hace tres décadas trabaja como coordinadora de proyectos de cooperación con el país ibérico para la ONG Health Work Comittees, que ofrece una red de hospitales y asistencia sanitaria para la población palestina residente en los territorios ocupados. La oficina central de la organización se encuentra en Ramala, sede administrativa de la Autoridad Palestina.
Como ciudadana española residente en Cisjordania, se le ha aplicado la legislación militar en vigor desde la ocupación en 1967, que permite prolongar hasta 75 días el arresto de sospechosos para su interrogatorio. El Shit Ben, servicio de inteligencia interior de Israel, está siendo el encargado de la investigación.
En contra de las convenciones internacionales, el Consulado General de España en Jerusalén, del que dependen los españoles residentes en Cisjordania, no fue informado por las autoridades locales del arresto de la activista ni de su primera comparecencia ante el tribunal militar de Ofer –que tiene jurisdicción sobre los territorios ocupados– al día siguiente. En las tres vistas posteriores sí ha podido contar con asistencia consular. Sin embargo, en ninguna de las sesiones se han presentado aún una imputación real contra la ella.
Más allá de esto, fuentes diplomáticas cercanas al caso han asegurado que Juana no ha podido recibir los efectos personales enviados por su familia, se ha visto obligada a ir de un centro penitenciario a otro en varias ocasiones y es sometida a interrogatorios de hasta seis horas. “Juana no está bien; está sufriendo mucho y cada día que declara ante el tribunal llora sin parar”, comentó el abogado de la cooperante, Ibrahim al Araj, en unas declaraciones para Efe.
Detención
Era de madrugada cuando una veintena de soldados llegaron al domicilio de Ruiz con la intención de detenerla. Previamente a esto, el ejército ya había irrumpido, en la madrugada del 8 de marzo, en la oficina central de HWC para realizar una redada. En ella fueron incautados archivos y equipos informáticos y se arrestó al jefe del Departamento de Contabilidad de la ONG, Taysir Abu Sharbak. También fue capturado Saeed Abbad, que, aunque en la actualidad no mantiene ninguna relación con la organización, fue el anterior responsable del departamento que ahora gestiona Sharbak.
La oficina del Portavoz del Ejército emitió un comunicado tras el encarcelamiento de la activista que precisaba que Juana Rasmawi (mencionada así por su apellido de casada) había sido detenida por “ofrecer servicios a una organización ilegal –no identificada– afiliada a la FPLP, contactar con un agente extranjero –sin precisar de qué país es– y por otros delitos relacionados con el blanqueo de dinero”. Asimismo, se han preocupado de destacar que la cooperante no se encuentra en situación de detención administrativa, sino bajo arresto para ser interrogada. El Frente Popular para la Liberación de Palestina es considerado, desde la Segunda Intifada (2000-2005), como un grupo terrorista por Israel, EE. UU. y Europa.
Sahar Francis, portavoz de la familia de Juana, considera que el arresto y el previo registro de la sede de la ONG en la que trabaja tienen que ver con una “estrategia de los servicios de seguridad israelí contra las organizaciones de la sociedad civil palestina”, tal y como declaró en Efe. Y es que ambos hechos se producen en vísperas de las elecciones legislativas palestinas del mes que viene –cuya celebración está aún en la cuerda floja por desavenencias entre Palestina e Israel sobre realizarlas o no en Jerusalén–, primeros comicios celebrados tras quince años desde los últimos.
Frente a esto, medios locales israelíes han señalado que en la lista del FPLP para dichas elecciones figura como candidato Walid Hanatsha, quien fue detenido en 2019 tras ser acusado de vinculación con un atentado en Cisjordania. Hanatsha ocupó con anterioridad a esto el puesto de director administrativo y financiero de HWC.
Respuesta desde España
El periodista Javier Díaz Muriana, denunció el pasado lunes a través de un artículo publicado en elDiario.es que, si esta detención se hubiera producido por parte de otro país, “la noticia estaría en todas las portadas”: “¿Qué habría ocurrido si Irán hubiese detenido y llevado a prisión a una ciudadana española de forma ilegal? ¿Y si este episodio hubiese tenido lugar en Venezuela?”.
La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, explicó el martes que confía en que la investigación del caso concluya lo antes posible y que la trabajadora humanitaria sepa de qué se le acusa, “si es que se le acusa de algo”. Por su parte, familiares y amigos de Ruiz han lanzado la campaña de denuncia #LibertadJuani (sus allegados la llaman Juani Rasmawi). En un par de días, la iniciativa ha logrado un considerable apoyo. Más de cien organizaciones, personajes públicos y otras 5000 personas han exigido con sus firmas la liberación de Ruiz. En el manifiesto afirman que “consideran que es imposible que los proyectos financiados por la cooperación en nuestro país puedan tener ningún viso delictivo ya que la cooperación española, mayoritariamente pública, obliga a […] la justificación completa de la financiación de los diferentes proyectos”.
El domingo se celebrará la quinta vista de Juana Ruiz ante el tribunal, en lo que parece un pulso entre la justicia israelí y los derechos humanos. Al igual que el Ministerio de Exteriores, Francis, representante familiar, comentó a Efe que esperan que “el fiscal militar declare ya su posición sobre si la van a acusar o no”.
Nerea De Ara
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