El Estado tiene la obligación de garantizar derechos a sus ciudadanos y ciudadanas, se ocupa de ello a través de las políticas públicas universales es decir, las que comprenden al conjunto de la ciudadanía. Pero, cuando estas no son suficientes para garantizar los derechos de TODES porque una parte de la población dada su situación de inequidad y/o vulnerabilidad requiere de un paso extra para equiparar su situación al resto de la ciudadanía y así gozar del mismo derecho en las mismas condiciones entonces el Estado se ve obligado a actuar focalizadamente, con políticas focalizadas.