La desastrosa e inhumana gestión de Donald Trump continúa recibiendo denuncias por violaciones sistemáticas de derechos humanos, esta vez con repercusiones legales. El juez federal James Boasberg ha comunicado que comenzará un procedimiento para establecer si miembros del gobierno de Trump cometieron desacato penal al tribunal al ignorar una orden clara que prohibía la deportación de migrantes venezolanos. Lo indignante, además de la desobediencia, es la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de guerra, para respaldar estas deportaciones.
Este mal uso de leyes creadas para situaciones de guerra evidencia cuán criminalizadas están las personas migrantes en este mandato de Trump, especialmente aquellas originarias de naciones del Sur Global. El caso evidencia la criminalización racista del desplazamiento, donde las vidas de las personas negras, indígenas y racializadas han sido privadas de derechos. Los migrantes son considerados como peligros existenciales.
La jueza Paula Xinis, por su parte, también está evaluando la posibilidad de iniciar un procedimiento por desacato contra funcionarios del mismo gobierno por no presentar pruebas en el caso de Kilmar Abrego García, un residente de Maryland que fue deportado de manera ilegal a una prisión en El Salvador de Bukele. La Corte Suprema ha declarado que su expulsión fue ilícita, sin embargo, el gobierno trumpista ha ignorada la resolución. “No he obtenido ninguna respuesta concreta ni justificación legal válida para la falta de respuesta”, afirmó la jueza Xinis.
Estos incidentes judiciales contra funcionarios de la administración Trump sacan a la luz la arrogancia de quienes están en el poder y revelan un sistema migratorio que está profundamente arraigado en la exclusión y el castigo, hecho para ignorar a quienes huyen de la violencia y el hambre. Las personas racializadas —especialmente las mujeres y las familias negras e indígenas— son las que más sufren bajo este aparato represivo. En un contexto donde abundan las leyes antiinmigrantes y el racismo se normaliza, estos procesos pueden ser una oportunidad contra la impunidad.
Redacción Afroféminas
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