El día 8 de junio de 2021 las redes sociales se llenaron de publicaciones de denuncia por el asesinato a manos de la policía de Kathlen Romeu, una mujer brasileña y negra de 24 años que estaba embarazada. Muchas personas se escandalizaron por esta cuestión debido a las características de esta mujer, ya que la imagen que tiende a venderse desde Brasil a los países occidentales es que los cuerpos de seguridad del Estado se encargan de atacar a delincuentes que viven al margen de la ley y atacan a la población con drogas y violencia, mientras que Kathlen no casaba con el prototipo de persona digna de recibir violencia. Sin embargo, lo sucedido con Kathlen no es un caso aislado.
Las favelas, a diferencia de la imagen distorsionada que se intenta dar de ellas, son lugares de convivencia donde viven menores, hombres y mujeres trabajadoras y desempleadas, ancianos y ancianas. Si bien es cierto que algunas de estas personas – y solo algunas – se inclinan por realizar actividades al margen de la ley para satisfacer sus necesidades básicas, también hay muchas otras que se dedican a otras actividades y el atacar su lugar de convivencia puede resultar en consecuencias fatales para la totalidad de sus conciudadanas y conciudadanos.
Dicho esto, muchas personas pueden pensar que los ataques que reciben son consecuencia de una violencia impuesta primeramente por las redes de narcotráfico, pero ¿son realmente dichas redes de narcotráfico las que infligen la violencia?
Algunas personas podrían pensar que sí, puesto que se las acusa de un atentado contra la salud pública al proveer de substancias ilegales a la población. Ahora bien, se me hace necesario preguntar si no es mayor atentado contra su saud prohibir que las personas consumidoras de substancias puedan acceder a ellas en condiciones seguras en lugar de hacerlo a través de redes de narcotráfico y desconociendo el contenido real de las substancias e información veraz sobre ellas. Otra de las cuestiones que se me vienen a la cabeza es si es posible salvaguardar la salud de las personas asesinándolas.
Cabría esperar que entre las acciones para favorecer la reinserción y la salud de las personas estuviera invertir en la educación, el trabajo digno y el sistema de salud pública. Sin embargo, Brasil opta por métodos más arcaicos, que consisten, básicamente, en matar a su población. Esto lo hacen a través de las famosas redadas policiales, cuyo objetivo es llevar a las favelas camiones atestados de policías armados que, al llegar, empiezan a disparar sin ton ni son con la esperanza de llegar al corazón de algún narcotraficante. No hay juicios justos, solo sangre. Ante esto, algunas personas armadas responden con la violencia con que se las ataca, provocando un tiroteo a dos bandas.
Esto sucede ante los ojos de todo el país, puesto que la televisión brasileña trivializa la violencia convirtiendo tan desagradables episodios en un show que puedes seguir desde la comodidad de tu casa. Uno de los programas más famosos, aunque no el único, que graba estas redadas, se llama Operçao Risco y sobrevive gracias a la proyección de imágenes truculentas. Comercializa con la muerte.
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La consecuencia de estas redadas, según los datos del Monitor de Violencia de Brasil, fue 5660 muertos/as a manos de la policía en 2020, siendo el 78% personas negras, siguiendo los datos del Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
En pos da la salud pública ,5660 personas asesinadas, sorprendente.
Entonces, ¿a quién quieren proteger exactamente?
Para analizarlo voy a establecer una relación de las personas que, en teoría, podrían ser sujetos necesitados de dicha protección, con algunas experiencias reales que me han contado personas anónimas que viven en algunas favelas de Brasil.
Podríamos pensar que un colectivo digno de protección es el de los y las menores, pero una mujer corrobora lo contrario, contándome una desgarradora historia de cómo la policía, no hace mucho tiempo, invadió la casa de unas vecinas y atacó a dos menores, teniendo una de ellas necesidades especiales. Estos datos concuerdan con los ofrecidos por el Observatorio do terceiro setor, que el 21 de diciembre del 2020 ofreció el número de menores que habían sido asesinados y asesinadas por la policía entre 2017 y 2019, llegando a la escalofriante cifra de 2215 niños/as.
Otro de los grupos que podríamos pensar que interesaría proteger es el de los y las consumidoras de substancias, ya que se esfuerzan en demasía por mantener sus cuerpos limpios de toxicidades. Sin embargo, un hombre me cuenta la constante persecución que sufren estos y estas consumidoras por parte de la policía, resultando de este acoso, en la mayoría de los casos, arrestos y daños físicos. Sin bien es cierto que es difícil dar una cifra exacta de este colectivo, puesto que tiende a ser confundido y juzgado como si se tratase del colectivo de narcotraficantes, no hay que obviar su existencia.
El grupo de las mujeres, al ser uno de los más maltratados a nivel mundial, también sería uno de los más necesitados de protección. Sin embargo, cuento con experiencias de mujeres que relatan la brutal violencia que han recibido de quienes deberían brindarles ayuda. Una mujer me cuenta cómo fue atropellada por un camión policía cuando este se disponía a entrar en la favela; la mujer perdió su empleo debido a secuelas incapacitantes y jamás recibió una indemnización que le permitiese costearse el tratamiento de rehabilitación. Otra me relata cómo fue registrada a punta de pistola, sin motivo aparente, cuando volvía a casa con su madre. Otras cuentan cómo han sido amenazadas por la policía o cómo esta ha invadido sus casas. Muchas otras me expresan su miedo a contarme sus historias por las represalias que podrían tener. Aunque este grupo represente, según la BBC, tan sólo el 0,8% de los casos letales por causa de la policía, es importante tener presente los demás tipos de violencia– sin olvidar tampoco las víctimas mortales que, aunque en menor cantidad, existen – que sufren: allanamientos de morada, amenazas, golpes, acoso y asesinato a sus hijos/as.
Por lo que podemos comprobar con estas historias y las muchísimas más existentes que tienen como protagonistas a menores, hombres y mujeres asesinadas a manos de la policía, es que la guerra contra las drogas es realmente una guerra sistemática e indiscriminada contra las personas de bajos recursos, especialmente si son personas negras.
Con la bandera como capa, Brasil barre los cadáveres de su gente bajo el lema de “orden y progreso”. Pero tal orden y progreso será inviable mientras sea el eslogan grabado en las balas que se dirigen a la población.
A la pregunta de ¿quiénes son los que imponen la violencia? mi respuesta es clara: no es el pueblo brasileño, sino el Estado que financia la guerra que le ataca.
Sheila Alvarez
Instagram sheilalvarezzz
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